La marcha encabezada por Evo Morales Ayma ha expuesto tres demandas principales que justifican la movilización: el rechazo al suministro insuficiente de dólares, los continuos déficits en la oferta de combustibles y el aumento de precios de los productos básicos; la exigencia de renuncias del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca; y la solicitud de reconocimiento de Morales como jefe del MAS-IPSP y candidato a las elecciones de 2025.
Sin embargo, el primer planteamiento ha sido calificado como un intento de Morales por eludir su responsabilidad en la actual crisis económica. Según analistas, esta situación es resultado de políticas públicas erróneas implementadas desde 2006, que han llevado a la economía nacional a un punto crítico. “Los verdaderos autores de este desastre son Evo Morales y su exministro, Luis Arce, acompañados de sus gabinetes”, afirmaron fuentes cercanas al gobierno.
La exigencia de renuncia del presidente y el vicepresidente es vista como una estrategia desesperada del sector evista dentro del partido gobernante. Este sector busca frenar un referéndum anunciado por Arce, que podría inhabilitar a Morales como candidato en las próximas elecciones. «El pedido de renuncia es un intento de entronizar a Andrónico Rodríguez, su lugarteniente en Cochabamba”, afirmaron analistas políticos.
Además, si Arce rechaza públicamente esta solicitud y se desatan acciones de fuerza por parte de los masistas, podrían configurarse delitos como atribución de derechos del pueblo y conspiración, según el Código Penal. “La situación podría escalar a niveles peligrosos si no se maneja con cautela”, advirtió un experto en derecho penal.
La demanda de que el Tribunal Supremo Electoral reconozca a Morales como líder del MAS y candidato a la presidencia enfrenta dificultades legales. El tribunal ya anuló el congreso de «Lauca Nil» por incumplir su propio estatuto, lo que invalidaría cualquier intento de legitimación. “Cualquier cambio en esta decisión podría llevar a una crisis institucional insuperable”, señalaron fuentes judiciales.
Cambiar la presidencia no solucionaría los problemas económicos del país, advierten los analistas. “La llegada de Andrónico Rodríguez no traerá magia; los dólares y los combustibles no aparecerán de la nada”, sostuvieron. Además, tal cambio solo garantizaría impunidad a Morales, según sus críticos.
Esta situación plantea interrogantes sobre la legitimidad del gobierno actual. “Desconocer el voto que consagró al binomio en ejercicio sería una falta grave a la democracia”, afirmaron representantes de la oposición. Mientras los actuales líderes no opten por renunciar, cuentan con el respaldo constitucional para continuar en sus cargos.
En este contexto, el futuro político de Bolivia se vuelve incierto. Con la creciente presión social y las demandas de Morales, la tensión entre los sectores del MAS y el gobierno se intensifica, poniendo en riesgo la estabilidad del país. “Es fundamental buscar una salida pacífica y democrática a esta crisis”, concluyeron los analistas.