Bolivia se define, en el primer artículo de la Constitución, como un Estado Unitario Social de Derecho, se funda en el pluralismo político; y adopta la República como sistema y la democracia como forma de gobierno. En otros términos, el Estado, a través de la Constitución, está obligado a garantizar los derechos de todas las clases sociales, naciones y razas (para los que aún creen en la falacia raza).
¿Cómo garantiza? 1) Limitando el ejercicio de poder del partido que temporalmente está en el gobierno central para evitar excesos contra los ciudadanos que piensan (diferente); 2) permitiendo la participación constante de la sociedad, a través de la libertad de expresión, en la administración de la cosa pública (República); 3) facilitando la vigilancia de los gobernados, a través del derecho a la información, sobre los gobernantes (democracia); 4) fomentando la deliberación, a través de los medios de comunicación, sobre asuntos de interés general (pluralismo).
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Sin embargo, desde el primer día de la Constitución (7 de febrero de 2009) el masismo dejó la definición en el papel porque puso al partido por encima del Estado. Dicho de otro modo, violó el principio rector de que en una democracia republicana (valga la redundancia) el partido está supeditado a las leyes por lo que no puede usar la maquinaria del Estado en beneficio del grupo que controla el partido, sino en favor de los que votaron en su favor y en contra.
Para probar la realidad descrita, señalo dos hechos:
Hecho uno: el gobierno de Luis Arce fomenta la apertura ilegal de un mercado de coca en La Paz. Está acción del masismo viola el artículo 23 de la Ley General de la Coca que establece: “Se reconoce en el Departamento de La Paz el Mercado de la ADEPCOCA y en el Departamento de Cochabamba el Mercado de Sacaba”.
¿En qué lugar está, exactamente, ese mercado? La resolución ministerial 342, firmada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Reymi Gonzales, el 21 de septiembre 2021, indica que está en “Villa Fátima, avenida Ramiro Castillo, esquina calle Arapata”.
Sin embargo, como el partido (MAS) está por encima del Estado, el gobierno de Luis Arce viola la ley: a) al ordenar a la Policía a resguardar el mercado ilegal y reprimir a los yungueños que defienden el mercado legal; b) al poner a la Policía al servicio del dirigente que abrió el mercado ilegal y montar pruebas contra los ciudadanos que piden cumplir la ley; y c) al usar a la fiscalía para imputar a los cocaleros que rechazan el masismo.
Hecho dos: El periódico Los Tiempos denunció el pasado viernes presiones políticas, económicas, judiciales e impositivas del Gobierno del MAS para apropiarse de ese matutino.
La acción denunciada viola el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque usa la maquinaria del Estado para acosar al periódico cochabambino. Además, desconoce el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga a los estados a garantizar la vigencia de la libertad de expresión.
El artículo 13.3 prohíbe a los gobiernos restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. El artículo 13 complementa: “Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
¿Por qué el sistema interamericano de derechos humanos exige a los gobiernos garantizar la independencia de los medios de comunicación? Porque un medio y los periodistas que trabajan en ese medio garantizan la libertad de expresión en sus dos dimensiones: individual y social. Pues, un individuo requiere de medios para difundir sus pensamientos y deliberar con otros ciudadanos en una sociedad plural.
El masismo usa el Estado (medios indirectos) para apropiarse del periódico Los Tiempos con el objetivo de administrar la información y desinformación y, en consecuencia, controlar la opinión pública de parte de esa región.
Los dos hechos descritos (tú puedes agregar otros) prueban que el MAS está sobre el Estado Plurinacional. Por ello, actúa al margen de la Ley. Por eso, viola la Constitución. Por esa razón, usa todo el aparato del Estado (policía, fiscales, jueces, medios de comunicación) para afectar los derechos de los ciudadanos que piensan y para dividir a las organizaciones que quieren preservar su autonomía.
¿Quiénes controlan el MAS? Un grupo de personas que hace creer a la sociedad civil que sus intereses son los intereses de toda la gente y que por el hecho de haber ganado las elecciones generales de 2020 imagina tener el derecho de usar todo el poder para hacer infelices a los bolivianos.
El Estado, a través de la Constitución, está obligado a garantizar los derechos de todas las clases sociales.
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