La Constitución Política del Estado establece Artículo 115. I. “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
EL jurista internacional García-Sayán, relator especial para la independencia judicial de la ONU, en su visita a Bolivia en febrero verificó que los preceptos constitucionales NO se CUMPLEN, abogó en Ginebra que Jeanine Añez que ejerció la presidencia entre noviembre de 2019 y 2020 no se cumplió el DEBIDO PROCESO. Desde marzo de 2021 se encontraba en prisión preventiva, observó que: Se limitó la aplicación de la justicia indígena originaria, la Retardación de justicia se debe a Códigos procesales demasiado formalistas, el tipo penal de incumplimiento de deberes incompatible con el principio de legalidad, anacrónicos de gestión de Tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales y la corrupción en el sistema judicial, el caso de Añez sobre los excesos en la práctica de DETENCIÓN PREVENTIVA, 7 de cada 10 procesados están encarcelados sin sentencia, con la tasa de hacinamiento penitenciario que es del 349%, la presentación de pruebas y la posibilidad de que se respeten sus derechos no constituyen una injerencia en el sistema judicial boliviano, incumplimiento de principios de publicidad, personas declaradas en rebeldía son procesadas, restricciones de acceso a la información, prescindieron de los testigos afectando sus derechos procesales, la cantidad de partes acusadoras, observó el excesivo número de acusadores: tres ministerio, la Fiscalía, la Cámara de Senadores y la Procuraduría para la sentencia de Añez incidió en desequilibrio procesal, la carrera judicial es débil por la alta proporción de jueces transitorios de 1.134 en la ordinaria y el 47% desempeña transitoriamente con deficiente formación, impera la corrupción y la impunidad frente al delito, con el gran aumento de FEMINICIDIO 289 se produjeron entre 2013 y 2021 solo el 31% ha obtenido sentencia y las victimas de Senkata, Sacaba y la zona Sur en el contexto de la crisis política de 2019 sigan esperando justicia.
Finalmente observó el sistema de elección de altas autoridades judiciales, la preselección de candidatos y candidatas a ser sometidos a votación es realizado por un Órgano político, la SOCIEDAD CIVIL NO TIENE ninguna participación en este proceso y fue muy baja la participación del electorado, ganaron votos BLANCOS O NULOS, El Presupuesto del Órgano Judicial no alcanza al 0,5% del PGE, así como la dualidad entre el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Supremo, ineficientes.
1) La delegación de la Unión Europea en Ginebra respaldó el informe de García-Sayán, llamando a respetar la independencia de la justicia y las garantías en favor del ejercicio de la abogacía, 2) La Cancillería Suiza tuvo conocimiento del análisis del OACDH en cuanto a la sentencia contra Jeanine Añez e instan a Bolivia a respetar sus obligaciones en esta materia y respalda las observaciones que hizo conocer el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, precisamente, sobre este caso, sugieren que Bolivia respete sus obligaciones con la comunidad Internacional, las garantías judiciales, los derechos fundamentales y el debido proceso. 3) El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido declaró PREOCUPACION por el procedimiento desarrollado por un tribunal ordinario en la sentencia a 10 años de prisión que recibió la expresidenta Jeanine Áñez y alienta al Gobierno boliviano a encarar “de buena fe una reforma judicial sustancial” por la DEFICIENTE formación de jueces y fiscales, así como de CORRUPCION, observó el proceso de selección de las altas autoridades de justicia que está a cargo de una entidad política como la Asamblea Legislativa, expresó su preocupación por la “reunión política entre líderes del Gobierno y del MAS, que acordaron que la señora Añez sea sometida a un proceso ordinario y no a juicio de responsabilidades”.
