La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha ordenado a Rusia detener inmediatamente la ofensiva militar sobre Ucrania, en aplicación de las medidas cautelares que habían solicitado las autoridades ucranianas por la supuesta falsedad de las justificaciones rusas para iniciar la invasión.
El Gobierno de Volodimir Zelenski había llevado al caso ante la CIJ alegando que Rusia no podía alegar que se estaba produciendo un genocidio en Ucrania. Kiev acusaba a Moscú de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948), ratificada por ambos países.
Las autoridades ucranianas solicitaban por tanto la adopción de medidas cautelares «para evitar perjuicios irreparables a los derechos de Ucrania y su pueblo y evitar agravar la disputa entre las partes», una petición que la CIJ ha atendido emplazando a Moscú a poner fin a la ofensiva.
La CIJ ha explicado que se trata de «medidas provisionales», es decir, que seguirá estudiando el caso en profundidad antes de emitir una posible condena, pero sí ha planteado que Rusia debe poner fin a sus operaciones. El mensaje se hace extensivo también a todos aquellos grupos afines, «dirigidos o apoyados» desde Moscú, en una alusión velada a los rebeldes separatistas que operan en el este de Ucrania.
El tribunal con sede en La Haya no atiende sin embargo a la petición ucraniana de que, una vez dictadas las medidas cautelares, Rusia deba informar de que efectivamente las está cumpliendo y ha puesto fin a la invasión.
Zelenski ha celebrado en Twitter lo que considera una «victoria completa» y ha señalado que el dictamen es de obligado cumplimiento de acuerdo al Derecho Internacional. Así, ha instado a Rusia a actuar «inmediatamente», ya que de lo contrario «se aislará todavía más».
El dictamen es una primera victoria judicial para Ucrania, en la medida en que supone un pronunciamiento claro de un tribunal de Naciones Unidas y pone en cuestión la versión oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, que incluyó entre sus argumentos la necesidad de frenar un genocidio en el Donbás y de «desnazificar» Ucrania.
Llegado el caso, Rusia puede ser condenada a pagar a Ucrania por los daños en que haya incurrido en el marco de este conflicto, algo que la parte ucraniana ya plantea en su escrito ante la CIJ.
Además, Rusia también tiene abierto otro posible frente judicial en el Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya fiscalía ya ha iniciado una investigación formal por posibles crímenes de guerra después de que así lo hayan solicitado más de 40 países, entre ellos España.
El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, se encuentra precisamente en Ucrania y la semana pasada ya avanzó que su equipo había comenzado a recolectar pruebas de cara a un potencial proceso. En contra de lo que ocurre en la CIJ, que dirime disputas entre Estados, el TPI señala a personas con nombres y apellidos, por lo que todas las miradas está puestas en la hipotética imputación de Putin.
