El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe sobre el caso Bolivia, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Estos algunos apuntes:
El GIEI no consideró en su investigación si los hechos de 2019 en Bolivia constituyeron fraude o golpe.
El informe en ninguna parte habla de genocidio.
Se definen los actos de violencia de Sacaba y Senkata como masacre por acción policial y militar, incluso menciona ejecuciones sumarias, contra la población que protestaba pacíficamente.
En ese punto, pide identificar y sancionar a los responsables.
El grupo sugiere que las figuras ambiguas de sedición y terrorismo sean adecuadas a la normativa internacional para que no se use como mecanismo legal contra los adversarios políticos.
El GIEI remarca las palabras reparación y justicia en casi todo su contenido de 60 recomendaciones.
El grupo abordó los hechos de crisis social y política en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
De forma indirecta se hace referencia a violencia en razón de etnia u origen racial.
Se contabilizó oficialmente 37 muertos.
Se levantaron más de 400 entrevistas personales con víctimas y testigos de los hechos.
El GIEI plantea la conformación de una comisión de seguimiento que verifique el cumplimiento a las recomendaciones del grupo internacional.
Mi criterio:
La ONU trató de mantener el discurso político fuera de las intervenciones. El embajador Arce, abogado y amigote de Evo, incluso fue cauto, pero los representantes de Argentina y México se desbocaron para hablar de «golpe» y «de facto», como buenos miembros del narcogrupo de Puebla que quiere bajar a Almagro y tomar la OEA a corto plazo.
El informe dice haber escuchado a todos, pero recordamos que a Casimira Lema le escucharon a medias, porque los grupos masistas la acallaron a punta de gritos.
El informe habla de violencia y racismo. Da a entender que los cien arrestados en noviembre fueron encarcelados y «torturados» (como dijo aquel enfermero que aplicó un mal procedimiento de resucitación) por ser «indígenas» y no por ser manifestantes violentos que gritaban «guerra civil».
Todos los testimonios y la victimización fue «racializada» y a un solo lado. Los muertos de Montero casi no cuentan y los expertos nunca escucharon a la RJC, ahora tildados como «paramilitares». Sí, sin duda, el régimen masista logró que la (su) bandera racista se imponga a los hechos.
El GIEI también pide que se mejore la legislación sobre terrorismo y sedición para que no se use como venganza judicial. Ambas son las figuras con las que se acusa a Áñez. Pero el informe, al contrario de lo que seguro interpretarán algunos opos, aboga por el tirano porque él fue acusado de sedición durante el año que el grupo abordó los hechos.
Entonces, el GIEI se preocupa por las acusaciones de sedición que «sufrió» Morales, hace un guiño al caso Áñez, pero sabe que cualquier modificación al Código Penal no es retroactiva.
Finalmente, los miembros de la ONU esperan que este informe no se interprete de forma parcial o política. ¡Vaya ingenuos! Si en Bolivia respiramos politiquería, sobre todo del masismo delincuente…
