Por HP*
Durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, las grandes redes de televisión y medios comunicación social en el país se favorecieron con contratos millonarios, a pesar de que los recursos del exminiterio de Comunicación debían reforzar la emergencia sanitaria que definió su gestión gubernamental.
Así lo reflejan los contratos y facturas a las que tuvo acceso Gaceta del Sur y que fueron presentadas ante las entidades del Estado que recepcionan estos documentos para su cancelación, efectuada en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora.
Los montos con los que se beneficiaron redes de comunicación como Unitel, Red Uno, Cadena A, Católica de Televisión, Bolivisión, El Deber, Canal Universitario entre los más destacados cuyos montos que cobraron sobrepasa los cien mil bolivianos.
Estos contratos se dieron en medio de la pandemia provocada por la coronavirus y en consecuencia de las autoridades de entonces como la exviceministra de Comunicación Isabel Fernández quien afirmó que los recursos de estado iban a reforzar la lucha contra la pandemia.
Los hechos demuestran además que mientras las grandes redes de comunicación social en Bolivia se beneficiaron con la pauta publicitaria, muchos trabajadores y productores independientes se vieron perjudicados porque se les suspendió los contratos, y en consecuencia no percibieron ingresos lo que causo que muchos programas suspendieran sus emisiones.
Contratos
Por ejemplo, una de las redes que más recursos percibió entre agosto y octubre, incluso después de las elecciones del 18 de octubre de 2020 fue la cadena Unitel que en esos esos meses facturó más de Bs 2.7 millones, al margen de otros montos percibidos que están entre los Bs 40.000 y 100.00.
En esa misma línea Red Uno en ese mismo lapso de tiempo contrajo contratos por más de Bs un millón; Cadena A en el mes de octubre facturó como en seis oportunidades por montos que sobrepasan el millón de bolivianos; Sistema RTP facturó por más de Bs 1.5 millones en octubre de 2019.
Entre los periódicos, El Deber facturó más de Bs 500.00 entre octubre y noviembre de 2020; de la misma manera Editorial Canelas obtuvo un contrato de más de Bs 200.000; la otra cara de la medalla es cómo algunas producciones independientes se favorecieron con contratos por debajo de los Bs mil, incluidos canales de televisión del interior del país.
En otros casos, periodistas fueron hostigados y amenazados a quienes se les retiró de la pauta publicitaria por el simple hecho de tener sus programas en medios que pertenecían a las organizaciones sociales afines al Movimiento Al socialismo (MAS).
El plan de austeridad no se reflejó porque todo el dinero de la publicidad fue a parar a medios privados, tomando en cuenta que el Estado cuenta con medios de comunicación, es así que de los medios estatales el único medio que recibió recursos por publicidad fue Bolivia Tv con montos que no sobrepasan los Bs 70.000; en cambio no hay referencia de Radio Illimani o el entonces periódico Bolivia (Ahora el Pueblo).
Puntos de vista
Esta actitud de entregar pauta publicitaria a los grandes medios de comunicación fue calificada, por la exdiputada Sonia Brito por “un favor que dio el gobierno de Áñez a los medios de comunicación que apoyaron el golpe y en consecuencia su gobierno”.
“Ha quedado más que evidente que no hubiera sido posible dar un golpe de Estado sin el apoyo de los medios de comunicación que han sido un factor determinante para justificar o naturalizar un golpe de Estado y ser cómplices en cuanto a la difusión de una información sesgada”, afirmó la exlegisladora.
En esa misma línea el abogado y experto en temas políticos Hugo Siles dijo que el “golpe de Estado de noviembre de 2019 se produjo en situaciones anormales y distintas a cualquier periodo democrático y constitucional por los menos en las últimas tres décadas y trajo consigo como inmediata necesidad de conectar a la población una narrativa que transformaba al golpe de Estado en una sucesión constitucional. En ese contexto el gobierno de facto de Áñez tuvo la necesidad de hacer uso de una inmensa cantidad de recursos para poder mantener el golpe de Estado a partir de la autoproclamación”.
En tanto que el secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar, al respecto sobre ese tema dijo que sostendrán reuniones con la actual viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, para garantizar el pauteo publicitario para todos los medios y productores independiente.
“No es posible que redes que han estado en su momento hayan apoyado al gobierno de la señora Áñez se hayan y sigan beneficiándose con el pauteo publicitario. Porque, la parte de democratizar pasa porque haya una buena predisposición de las actuales autoridades”, afirmó.
Al respecto, Gaceta de Sur, intentó conocer el criterio de las autoridades del Viceministerio de Comunicación, para ello se derivó el contacto al director de Políticas Comunicacionales en Viceministerio de Comunicación, Enrique Pomar Meneses, quien no quiso referirse al tema debido a que no contaba con la autorización para comentar sobre este tema.
Sin embargo, dijo que este tipo de contratos publicitarios que se dieron en la anterior gestión eran revisados por las unidades de auditoría del despacho al que pertenece.
Pero para conocer una respuesta oficial se le envió un cuestionario que hasta la fecha no fue respondido.
Este panorama se da luego de que la propia viceministra de Comunicación a penas de ser posesionada (24 de noviembre de 2020) en declaraciones a los medios de comunicación dijo que se haría una distribución democrática de la pauta publicitaria, porque cada medio de comunicación tiene su público en las ciudades o en las provincias.
«La pauta no estaba distribuida para todos los medios de comunicación. Cada medio de comunicación tiene su público tanto en La Paz, como en las provincias, en el norte o en el sur del país. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esa distribución democrática», afirmó en ese momento Alcón.
Presupuesto 2021
En el mes de abril de 2021, el gabinete presidido por el jefe de Estado, Luis Arce, duplicó el presupuesto para comunicación. Decisión que desastó críticas de ciudadanos que no ven correcto que se aumenten los recursos para comunicación siendo que las regiones piden a gritos más dinero hacer frente a la coronavirus..
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), realizar en la gestión 2021 la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs 50.770.049, a favor del Ministerio de la Presidencia con destino al Viceministerio de Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos institucionales (sic)”, reza parte del Decreto Supremo N°4484 emitido desde el Gobierno central.
*Es periodista
