Un grupo de abogados se reunieron en los últimos días con el objetivo de exigir a las autoridades judiciales, así como de las cámaras de senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el inicio de una investigación con el propósito de establecer el grado de participación del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, en el golpe de Estado que se produjo el año pasado.
“Se tiene las pruebas necesarias, suficientes y absolutamente contundentes de su participación, como en el impulso para que vayan a masacrar a compañeros en las zonas de Huayllani, Ovejuyo, Chasquipampa y otras partes de la zona Sur”, afirmó el exalcalde paceño Omar Rocha a través de un mensaje efectuado en su red social.
La exautoridad, junto a una veintena de profesionales abogados mencionó que entre las pruebas que se logró colectar está el hecho de cómo el alcalde Revilla proveyó vehículos para el traslado de policías y militares a la zona Sur “para que atemoricen repriman y genere los hechos que se han sucedido en la ciudad de La Paz”.
“No puede quedar impune, Revilla es un partícipe evidente de su participación en el golpe de Estado. Revilla es golpista y tiene que dar la cara ante la justicia y tiene que brindar una explicación de cómo el gobierno municipal ha obligado a funcionarios municipales, ha obligado a través de la subalcaldía de la zona Sur a que puedan lastimar a las paceñas y paceños el año 2019”, sostuvo.
En ese sentido comprometió el patrocinio de un equipo de abogados que tendrán la tarea de impulsar para que la autoridad edil de La Paz sea llevado a la justicia por el golpe que hizo a Jeanine Áñez presidenta del Estado.
Tras las frustradas elecciones de 2019, las mismas que habrían sido motivo de irregularidades y manipulación dolosa, propició la renuncia del expresidente Evo Morales al cargo, posterior a ello y en protesta por la crisis política vecinos de Senkata (Al Alto), Sacaba (Cochabamba), así como de Huayllani, Ovejuyo, Chasquipampa (La Paz) salieron a protestar y rechazar el golpe de Estado, en esas acciones fueron masacrados y fruto de ello unas 37 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas en un enfrentamiento desigual contra fuerzas combinadas de policías y militares, quienes estuvieron autorizados de hacer uso de sus armas letales (DS 4078).
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