En su última sesión ordinaria la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el jueves el informe final de la Comisión Especial Mixta que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros hechos, registrados a partir del 21 de octubre del 2019, bajo la administración transitoria de Jeanine Añez, para quien se recomendó un juicio de responsabilidades por genocidio y procesos penales contra 11 ministros y exministros, por la vulneración de derechos y garantías constitucionales, que derivó en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019.
«La comisión recomendó un juicio de responsabilidades a la señora Jeanine Añez, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía y se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo con la Ley 044 se requiere el apoyo de dos tercios para proceder a este acto», señaló la presidenta de la ALP, Eva Copa, según el comunicado de prensa que se difundió al concluir la sesión legislativa.
El documento de 120 hojas hace un repaso de los violentos hechos registrados en el municipio de Betanzos, Potosí; Montero, Santa Cruz; El Pedregal, Ovejuyo y Chasquipampa de la zona Sur de la ciudad de La Paz; el puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba; y la planta de Senkata, El Alto, lugares en los que se movilizó la población luego del abrupto cambio de gobierno de Evo Morales orquestado por la derecha para tomar el control del país, alegando un supuesto fraude electoral.
El informe de la comisión recomienda un juicio de responsabilidades a Añez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
Además, recomienda juicio ordinario para Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia), María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación).
Además, detalla las declaraciones de las decenas familiares de víctimas fatales y heridos que asistieron a la comisión investigadora a fin de brindar sus declaraciones, además adjunta los testimonios de las personas que entrevistaron en las inspecciones a los lugares de los hechos, al igual que otras diligencias investigativas.
“De los conflictos se tiene que lamentar el asesinato de dos ciudadanos en el barrio Guadalupe de Cofadena del municipio de Montero; un muerto en el municipio de Betanzos, Potosí; tres fallecidos en la zona de Pedregal de la ciudad de La Paz, diez fallecidos en el puente Huayllani, Sacaba; y diez fallecidos en la planta de Senkata”, indica el documento.
A raíz de la renuncia de Morales se procede con la posesión de Jeanine Añez como presidenta transitoria, quien el 14 de noviembre promulga el Decreto Supremo (DS) 4078, para dejar en la impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), con la finalidad de que los autores de las masacres no puedan ser investigados, juzgados y condenados.
La emisión del DS 4078, que exime de responsabilidad penal al personal de las FFAA que participó en los operativos para el restablecimiento del orden interno, es contraria al bloque de constitucionalidad establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El decreto vulnera los derechos y garantías constitucionales, evitando incluso así que las víctimas puedan demandar su derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos y en tal sentido se pueda conocer la verdad de lo ocurrido”, refiere el informe.
Agrega que, en cumplimiento al cuestionado decreto, las Fuerzas Armadas al advertir los conflictos en el territorio nacional, alegan haber ejecutado el Plan de Operaciones de fuerzas conjuntas, en coordinación con la Policía, para el restablecimiento del orden público.
“En el caso de Sacaba y Senkata, denominados como masacres, nos vemos frente a delitos de lesa humanidad, con todas las implicancias que ello conlleva, hechos que ameritan ser investigados. Asimismo, se advierte denuncias de la existencia de un centenar de heridos y detenidos, de los cuales se debe identificar a los responsables sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales”, apunta el documento.
Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares.
Además de un juicio ordinario al excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero y comandante de las FFAA, Sergio Orellana.
También recomienda la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos y exhorta al Tribunal Supremo de Justicia respecto a los plazos de las medidas cautelares, toda vez que transcurrió más de un año y las personas continúan con detención preventiva y domiciliaria.
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