Pasaron 17 años de lo que fue la masacre de El Alto, donde perdieron la vida al menos 67 personas y otras 400 resultaron heridas por el accionar de las fuerzas combinadas de la Policía y Fuerzas Armadas.
Un día como hoy el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada junto a su familia y el más cercano colaborador, Carlos Sánchez Berzaín abandonaban el territorio nacional dejando tras de sí un país completamente en crisis.
Lo que motivó esta insurrección popular fue el anuncio gubernamental de la exportación de gas natural a México y Estados Unidos en términos de mucha desventaja para el país.
Las movilizaciones de descontento y protesta inicialmente comenzaron como una demanda puntual de oposición a la exportación del gas y terminaron convirtiéndose en un referendo activo por la nacionalización de los hidrocarburos y la exigencia de renuncia de Sánchez de Lozada.
Del conjunto de movilizaciones campesinas se destaca la resistencia realizada en Warisata el 20 de septiembre, donde se registraron las primeras víctimas.
De acuerdo con los antecedentes, el 20 de septiembre, el gobierno decide organizar un operativo militar para “rescatar” a turistas extranjeros varados en Sorata por los bloqueos. En Warisata, población por la que tiene que pasarse en el camino a dicha comunidad, los comunarios resisten a los soldados con piedras y viejos fusiles de la Guerra del Chaco (1932-1935); la resistencia fue respondida con una represión que causó varias muertes.
La represión militar se trasladó a la ciudad de El Alto. El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En el trayecto, los militares con armas de guerra empiezan a disparar contra una población, armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia.
La muerte de al menos 67 personas fue la presión para que los dirigentes de las organizaciones y comunidades clamen la renuncia de Sánchez de Lozada, ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior que buscaban la pacificación del país.
Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extendieron en todo el territorio nacional y la ciudad de La Paz, también se manifiesta desde todas sus latitudes. Ante esta situación, el 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país dejando su renuncia en el Congreso. Las imágenes de televisión mostraban como asumía el presidente Carlos Mesa mientras Sánchez de Lozada abandonaba el país.
Como resultado de esa masacre a la fecha fueron condenados los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara a tres años de prisión acusados de complicidad en el delito de «genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».
En tanto que los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Sobre Gonzalo Sánchez de Lozada esta pendiente el pedido de extradición efectuado por el gobierno boliviano a su similar de Estados Unidos que no respondió hasta la fecha.
Sin embargo, por acción de los familiares de las víctimas a la fecha está en proceso el juicio civil contra el exjefe de Estado y el exministro de Denfensa, continúa.
En agosto pasado la Corte de Apelación del Undécimo Circuito de Miami, Estados Unidos anuló el fallo que absolvió en 2018 al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín por las muertes ocurridas ese año es una victoria para el pueblo boliviano y ahora se espera que el juez James Cohn debe corregir las observaciones efectuadas emitidas en su fallo de 2019.
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