La adquisición de matrículas para avionetas tiene un costo de entre $us 20.000 y 30.000 por aeronave que les permite tener autorización y surcar el espacio aéreo boliviano, denunció este jueves el jefe de la Unidad de Transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Omar Durán.
En declaraciones al programa Detrás de la Verdad el abogado sostuvo que en la actualidad “existe un clan” que actúa en favor de quienes están vinculados con hechos ilícitos, como el narcotráfico.
Durán dijo que ese tema es parte de la demanda que presentó el miércoles ante el Ministerio Público, luego que el tema de la clonación de matrículas de aeronaves fue conocido en el mes de febrero, por voz del propio ministro de Obras Públicas, Iván Arias.
“Es penoso y triste lo que pasa en la DGAC, lo que digo es lo que pude investigar en los ocho meses que me encuentro en funciones y las comprobaciones que hice cuando visité Trinidad hace tres meses y verifiqué estas irregularidades y se puede ver en los hangares, las placas (alteradas) están a la vista.
Mencionó que de las últimas aeronaves que fue investigada es la que tiene la matrícula CP 1216 autorizada en esta gestión.
“La Fiscalía tiene la investigación y pueden ser más de 15 avionetas las clonadas, pero lamentablemente las mismas no son activadas por quienes tienen en sus manos llevar adelante la pesquisa”, añadió.
A ese panorama se suma el hecho de que funcionarios de la DGAC estarían implicados en fraguar de informes solicitados por parlamentarios respecto a la clonación de matrículas de avionetas que son utilizadas por narcotráfico, afirmó el jefe de Transparencia de esa repartición Omar Durán.
En agosto Gaceta del Sur confirmó la clonación de matrículas de avionetas, que en su mayoría están relacionadas al narcotráfico y eran parte de una investigación a partir de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Obras Públicas que evidenció irregularidades que se cometen en esa repartición.
Durán lamentó que exista un silencio cómplice de las autoridades de ese despacho de Estado y por eso demandó la intervención del Gobierno.
