La Defensoría del Pueblo condena la actitud asumida por manifestantes que en distintos puntos del país bloquean e impiden el paso de ambulancias y vehículos con insumos médicos, además de evitar la distribución de oxígeno medicinal en la ciudad de La Paz para las personas que reciben atención médica, principalmente, contra la COVID-19.
Condena, también, el uso de dinamita para impedir el paso de motorizados en un sector de la carretera La Paz-Oruro o el incendio forestal provocado a la altura del Fuerte de Samapaita en Santa Cruz y otros incidentes suscitados durante las dos jornadas de protesta, resalta la nota institucional publicada este miércoles.
“Este tipo de acciones deslegitiman el derecho a la protesta porque no se puede defender demandas sociales vulnerando otros derechos fundamentales como son los derechos a la salud y a la vida, los cuales deben ser garantizados por el Estado; no obstante, a pesar las protestas van en aumento desde el lunes pasado, no se observan señales, menos acciones, de parte de las instituciones responsables para atender estas demandas sociales”, refiere la nota.
Ante ese panorama la Defensoría del Pueblo reitera que es importante que las demandas sociales sean escuchadas, por ello pide públicamente al Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, a reiniciar y continuar con el diálogo, entendiendo la complejidad del desarrollo del proceso electoral en el país.
Además, pide a las organizaciones y sectores movilizados a respetar los derechos humanos de la población y materializar las garantías para la circulación de vehículos con insumos médicos y de ambulancias; asimismo, exhorta a los grupos de manifestantes autoconvocados que no responden a ninguna dirigencia, a permitir el paso de estos motorizados.
De acuerdo con el seguimiento de la Defensoría durante entre lunes y martes, se identificó 78 puntos de bloqueos en distintos puntos urbanos y rurales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Beni, El Alto y una marcha en Chuquisaca; y al menos 20 incidentes, como destrozos de ornato público, gasificaciones por parte de la Policía, enfrentamientos entre bloqueadores y uniformados y entre manifestantes y vecinos o pobladores, siete personas arrestadas en Oruro y El Alto, y heridos además de los bloqueos a vehículos con insumos médicos y otros.
Asimismo, la representación defensorial expresa su preocupación ante la posibilidad de que esta situación derive en una escalada de violencia, como ha evidenciado personal de la institución en los sectores de Sayari, Caihuasi, Betanzos y en Senkata El Alto, donde se produjeron hechos con alto grado de violencia.
La Defensoría del Pueblo reitera su pedido a las fuerzas del orden de no hacer uso excesivo y desproporcional de la fuerza a fin de evitar hechos que deriven en violencia durante las manifestaciones sociales; de igual manera y nuevamente, exhorta a los sectores sociales a ejercer su derecho a la protesta sin afectar derechos fundamentales como la salud, la integridad y la vida de las población.
Finamente, pide al Gobierno no exacerbar las actuales protestas sociales con discursos de odio, racismo y confrontación que solo dificultan el encontrar soluciones pacíficas al actual conflicto que vive el país
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