Los pasillos del Ministerio Público inusualmente fueron visitados este viernes por funcionarios del Ministerio de la Presidencia y de la Defensoría del Pueblo. Los representantes legales presentaron denuncias contra los titulares de ambas instituciones, lo que ahora debe ser indagado y demostrado por los investigadores.
Los primeros en lanzar la primera acusación fueron del Gobierno, pasado el mediodía se conoció que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había presentado ante la Fiscalía Departamental de La Paz una denuncia penal contra Nadia Cruz por los delitos de prolongación y usurpación de funciones debido a que ejerce, de forma ilegal, el cargo de Defensora del Pueblo.
«En base a los argumentos de hecho y derecho que a continuación se esgrimen, interpongo una denuncia formal contra la señora Nadia Cruz Tarifa por los delitos de prolongación y usurpación de funciones quien actualmente y de forma ilegal ejerce el cargo de Defensora del Pueblo», refiere la denuncia presentada por Núñez.
El 13 de julio, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que el interinato de Cruz en la Defensoría del Pueblo feneció el 30 de abril de 2019 y por ello se decidió desconocer su mandato.
En consecuencia la autoridad afirmó que no responderá a ninguna solicitud de informe, por parte de la Defensoría del Pueblo, debido a la ilegalidad en el ejercicio de ese cargo y la nulidad de sus actos.
El Viceministro también cuestionó la supuesta vinculación de Cruz con el Movimiento Al Socialismo (MAS), tomando en cuenta que se vio a la Defensora en diferentes concentraciones y eventos proselitistas de ese partido.
Defensora del Pueblo
Una hora más tarde, La Defensora del Pueblo Nadia Cruz, en conferencia de prensa informó que denunció formalmente ante el Ministerio Público al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete, y al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría Choque, por incurrir en cinco delitos penales al desconocer e impedir el trabajo de esta institución defensorial.
Dijjo que ambas autoridades desconocieron públicamente a la Defensora del Pueblo interina, bajo el argumento de que su nombramiento hubiese sido sólo por 90 días, tiempo que ya habría fenecido, y por tanto anunciaron que devolverán todas las solicitudes de información.
De acuerdo con el memorial presentado por la Defensora del Pueblo, estas autoridades adecuaron sus conductas a los ilícitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, de acuerdo con el Código Penal.
Cruz recordó que su nombramiento en el cargo fue de manera interina por la Asamblea Legislativa conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 870 del Defensor del Pueblo, que señala que ante la ausencia del titular se designará a un interino de entre los delegados defensoriales adjuntos habilitados, “en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación”.
Asimismo, mencionó que está vigente una Medida Cautelar en su favor y del delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entre otras consideraciones busca garantizar el ejercicio de las funciones de los cautelados.
Mientras las relaciones entre ambas instituciones se encuentran en la congeladora, mucha gente que es víctima de abusos de parte de las instituciones del Estado no encuentran respuesta a sus demandas fruto de la vulneración de sus derechos humanos.
